Corrupción española IV

Este es el último capítulo sobre este tema, que todavía no está resuelto, pero tiene un tufo de deschave total. La figura del rey ha quedado sumamente desmonetizada, tan es así que invocan un artículo de la constitución por el cual su persona goza de fueros totales.

Nosotros éramos ajenos a todo esto pareciera chiste que se le haya dado la trascendencia que se le dio al episodio del fusilamiento a la elefante, cuanto tenemos este tema de la infanta, juego de palabras que viene al caso.

El foco de atención está puesto en la comparecencia de Ballester.

Es la segunda vez que declara el que fuera hombre de confianza de Jaume Matas.

La persona que ha delatado a Iñaki Urdangarin ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción.

En su primer interrogatorio detalló las reuniones que mantuvieron el entonces President balear y el Duque de Palma para negociar la concesión de 2,3 millones de euros.

Alguna de ellas en el Palacio de Marivent.

Dijo que no se pidió justificación al Instituto Noós del destino que había dado al dinero recibido y que rompió relaciones con Urdangarin cuando le exigió el pago del dinero, a pesar de que no había cumplido con el trabajo comprometido.

El juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción investigan las subvenciones de 5,8 millones de euros que recibió el Instituto Noós de los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps.

En Baleares, 2,3 millones de euros, para organizar dos jornadas de Turismo y Deporte.

El resto, en Valencia para celebrar tres ediciones del Valencia Summit.
Hay una veintena de implicados pero en el eje de esta trama figuran Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. Las pesquisas apuntan a que ambos crearon un entramado societario con ramificaciones en Belice, Luxemburgo y Reino Unido para desviar una parte del dinero recibido.

El juez del caso Urdangarin ha iniciado hoy tres intensos días de declaraciones encarando ya el tramo final de la instrucción sobre esta presunta trama de corrupción.

El empresario Joaquim Boixareu imputado en el caso Palma Arena declara que actuó de “buena fe”

La fiscalía anticorrupción de Baleares ha imputado un delito de blanqueo de capitales al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, para el caso Noos.

Con este ya son 5 los delitos que pesan sobre Iñaki Urdangarin.

El de blanqueo de capitales se suma a los de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Además, en un escrito de 40 páginas, la fiscalía pide a las autoridades de Luxemburgo y Suiza que envíen toda la información sobre las cuentas corrientes que algunas empresas lideradas por Urdangarin abrieron en aquellos países, supuestamente, según la tesis de la fiscalía, para desviarse hay fondos a través de dos testaferros.

El juez del caso Urdangarin ha iniciado hoy tres intensos días de declaraciones encarando ya el tramo final de la instrucción sobre esta presunta trama de corrupción.

El empresario, Joaquim Boixareu, imputado en el caso Palma Arena, ha declarado ante el juez de Palma, José Castro, como imputado ante la sospecha de que constituyó una Fundación para desviar fondos a petición del duque de Palma.

Boixareu ha asegurado ante el juez que había hecho trabajos de asesoramiento para las empresas de Iñaki Urdangarin.

El duque de Palma, amigo suyo, le propuso pagarle 30.000 euros por esta colaboración pero Boixareu los rechazó. Sin embargo acabó aceptándolos.
“No quería cobrar nada por el asesoramiento pero le insistieron tanto que acabó diciendo que lo aceptaría si iban destinados a la creación de una Fundación benéfica para niños marginados o a Cáritas”, ha dicho el abogado del empresario, Javier Arraut.

“Las facturas que hizo son reales y él ha pagado sus impuestos”, ha insistido el letrado este miércoles. Ha añadido que Boixareu “actuó de buena fe” porque “estaba encantado de constituir la Fundación porque pensó que estaba haciendo algo importante”.

Además ha insistido que este empresario del sector metalúrgico es muy importante y que “no se metería en un lío como este por 30.000 euros”.
Sobre si sigue siendo amigo de Iñaki Urdangarin, el letrado de Boixareu ha dicho que “es una muy buena persona y muy amigo de sus amigos.

Podríamos decir manteniendo la presunción de inocencia que se ha sentido desengañado”.

Los ex trabajadores de Noos que han declarado durante esta mañana han ratificado las declaraciones que ya hicieron ante la Fiscalía y la Policía para explicar que el Duque de Palma y su ex socio Diego Torres eran los responsables del Instituto y que mandaban al mismo nivel.

También que Urdangarin estuvo vinculado a Noos más allá del 2006 cuando el Rey pidió a su yerno que lo dejara porque no veía claros los negocios.

Los jueces de la sección tercera de la Audiencia Nacional han rechazado el recurso presentado por Jaume Matas en el que reclamaba que la investigación del ‘caso Urdangarin’ fuera instruido desde esa institución.
La resolución sostiene textualmente que “no se trata de un asunto que cause grave repercusión en el tráfico mercantil, tampoco tiene ninguna relevancia ni repercusión en la economía nacional y tampoco afecta a una generalidad de personas”.

Estas tres características son las que hubieran permitido a la Audiencia Nacional quedarse con el caso puesto que son las competencias que vienen marcadas por la ley, pero no es el caso.

Además, los jueces sostienen que, de momento, no hay nada demostrado sobre la evasión de dinero a paraísos fiscales.

La sala de lo penal estima que “no existen datos suficientes para deducir que los supuestos delitos (blanqueo de capitales) se han cometido fuera de España”.

La secretaria personal de Iñaki Urdangarin ha explicado ante el juez que fue ella quien escribió, siguiendo el dictado del duque de Palma, la nota que recibió un supuesto testaferro con indicaciones sobre una cuenta en Suiza donde presuntamente Aguas de Valencia hizo un ingreso.

Según han informado fuentes judiciales, Cuquerella ha alegado en su declaración como testigo, que se ha prolongado durante más de una hora y media, que se limitó a transcribir en la nota las indicaciones que le había formulado el propio Iñaki Urdangarin, aunque ha aclarado que desconoce el alcance de lo que escribió.

En la nota, que consta en el sumario, se indicaba que, siguiendo órdenes de “Iñaki”, enviaba las dos copias de un contrato y agregaba: “Me dice Iñaki que, una vez firmadas, habría que enviarle una a él.

También me pide que te copie el siguiente número de cuenta, que tú ya sabes para qué es: Alternative General Services Limited/ Credit Suisse/ Laussane .

En su declaración, la secretaria de Urdangarin ha precisado que el número de cuenta se lo facilitó al duque de Palma José María Treviño, un amigo del duque de Palma que fue testigo en la causa, y ha asegurado que desconocía si el objetivo de la nota tenía alguna relación con el belga Robert Cockx, a quien los informes policiales sitúan como testaferro.

La secretaria de Urdangarin, a la que el juez ha advertido en una ocasión que podía imputarla si seguía respondiendo con evasivas, ha explicado que fue el amigo del duque de Palma Jose María Treviño, testigo en la causa, quien le facilitó el número de la cuenta corriente en Suiza.

Posteriormente, ella se reunió en un hotel de Barcelona con el administrador y dueño de una empresa de comunicación que trabajó para el Instituto Noós, el imputado Miguel Zorío, y le entregó a él la nota, para que a su vez la hiciera llegar al presidente de Agval, Eugenio Calabuig.

Según las mismas fuentes, la declaración de la secretaria apoya la hipótesis de la investigación de que la cuenta en Suiza sirvió a Urdangarin para cobrar los 125.000 euros de Agval por sus gestiones en un proyecto que iba a permitir a la empresa valenciana extenderse en Jordania, como confesó ante el juez el propio Calabuig.

La secretaria, que ha afirmado que no considera anormal tener una una cuenta en Suiza, ha precisado, no obstante, que desconoce si el destinatario final del dinero vinculado a esa anotación era el supuesto testaferro Robert Cockx.

A preguntas del juez, la secretaria ha admitido que Urdangarin se ha puesto en contacto con ella antes de su comparecencia de hoy y que el duque le ha dicho que estuviera tranquila, le ha dado muchos ánimos y ella a su vez le ha recomendado que rezara un avemaría.

Asimismo, la secretaria de Urdangarin ha reconocido que éste incluía gastos particulares en la empresa Aizoon, con la que el matrimonio de los duques de Palma gestionaba su patrimonio.

La testigo ha confirmado también que el duque de Palma se reunió con su socio en el Instituto Nóos una docena de veces entre 2008 y 2009, dos años después de que la Casa Real instara al duque de Palma a abandonar sus negocios.

Por su parte, Teresa Zazo, que fue encargada del área de logística del Instituto Nóos y participó en la organización de los congresos de Baleares y Valencia que supuestamente sirvieron para el desvío de fondos públicos en beneficio de los imputados, ha situado a Iñaki Urdangarin al frente de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, creada a finales de 2006 como heredera de Nóos.

Según han informado fuentes judiciales, las declaraciones mantenidas hoy por esta testigo ante el juez José Castro demostrarían que Urdangarin no se desentendió de los negocios iniciados por Nóos después de que se lo pidiera la Casa Real en marzo de 2006.

El juez tiene previsto finalizar mañana la ronda de interrogatorios a testigos en Barcelona, con la declaración entre otras de la ex consellera catalana de Salud, Marina Geli, con lo que pondrá fin a tres días de testificales en la que habrán comparecido unos cuarenta testigos.

“Ni formal ni informalmente, he mantenido ningún tipo de contacto o relación con la Fiscalía y con sus ilustres representantes en Palma de Mallorca en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo”, ha dicho el abogado en declaraciones a los periodistas.

Fuentes del ministerio público confirmaron este miércoles que los abogados de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres habían pedido a la Fiscalía de manera informal mantener conversaciones para un posible pacto que les eximiera de ingresar en prisión, aunque aún no se había producido ninguna reunión en este sentido.

Las mismas fuentes han precisado que tanto el letrado de Urdangarin como el de su exsocio Diego Torres, Manuel González Peeters, han protagonizado conversaciones informales en los pasillos de los juzgados con representantes de la Fiscalía anticorrupción en el sentido de llegar a un posible pacto.

Este pacto pasaría, en virtud a lo comunicado por los letrados al fiscal, por reconocer los delitos investigados en la pieza del caso Palma Arena sobre el Instituto Nóos por un supuesto desvío de dinero público, devolver la cantidad presuntamente malversada y aceptar una pena de prisión de 2 años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

En sus declaraciones, Pascual Vives ha negado también que el duque de Palma tenga “ni directa ni indirectamente” cuentas bancarias en paraísos fiscales.

“Que les quede claro a todos los ciudadanos y a todos los políticos de este país”, ha dicho el letrado quien también ha subrayado que todas sus acciones como abogado intentan siempre “ajustarse a la legalidad vigente de cada momento”.

La Casa Real “no tiene constancia” de estar siendo víctima de una extorsión, en relación con las supuestas amenazas lanzadas por el entorno del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, que implicarían al rey y a la infanta Cristina en el Caso Nóos.

En Zarzuela no opinan sobre hechos que no les constan, no opinan sobre informaciones periodísticas y sólo se pronunciarán, dicen, “si se produce un hecho relevante en un juzgado”.

Respecto a la ausencia de la infanta Cristina en la agenda oficial de la Casa Real, se mantiene su alejamiento y seguirá “por el momento” sin participar en actos oficiales de representación de la Corona, según ha explicado un portavoz de Casa del Rey en el encuentro mensual con los medios de comunicación.

La Casa del Rey está revisando la política de transparencia, el modo y la forma de informar a la opinión pública y a las Instituciones de las actividades de la Familia Real, cómo pueden ser actos en agenda o viajes del rey o de los demás miembros de la Familia Real.

De momento no se ha tomado ninguna decisión y las novedades, que podrían conocerse en julio, podrían incluir criterios sobre los viajes que tienen la consideración de privados y cómo se informa de ellos.

Con motivo del inminente aniversario de las bodas de oro de los reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, el próximo lunes 14 de mayo, Zarzuela confirma que “no habrá ningún acto de celebración oficial”, por decisión de los reyes. Decisión que se tomó, explican, antes del polémico viaje del rey a Botsuana. Cuando se cumplieron las bodas de plata, los reyes sí hicieron una celebración oficial, e incluso se reunieron en el Palacio Real con otras parejas que celebraban el mismo aniversario.

El rey retomará la actividad oficial, fuera del Palacio de la Zarzuela, tras su reciente operación de cadera el próximo día 2 de junio en Valladolid, donde asistirá junto a la reina y a los príncipes de Asturias a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

De cara al exterior, el primer viaje programado será el que realice el rey a Chile y Brasil entre los días 3 y 7 de junio.

El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.

El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona y del piso particular de Diego Torres.

Dos de los edificios registrados fueron la sede del Instituto Nóos en Mestre Nicolau 19 y la sede de Aizoon en Balmes 224.

Esta última sede estaba situada en la cuarta planta del edificio, sede también de Baf Tejeiro, Medina, Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, entre otros profesionales.

El mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalidad Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.
El juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear.

Según el detalle de esos cobros 2.794.440 euros fueron recibidos por Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397.996 euros por De Goes Center for Stakeholder Management entre 2006 y 2007. Además, el duque de Palma recibió 747.889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la infanta Cristina.
El resto del dinero fue percibido por su socio, al que Virtual Strategies abonó 749.505,61 euros, Shiriaimasu 456.381,73 euros e Intuit Strategy Innovat 853.103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.

La Fiscalía cifra que de la suma total 3.519.533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2.285.000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.
El 1 de febrero de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó asumir la competencia sobre la denominada Operación Babel, que investigaba las actividades de Urdangarin al frente del Instituto Nóos.
Por lo tanto, el caso continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.

Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa “es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional”.

Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero de 2012.

Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos.

Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos, aunque matizó que la operación era legal.

Una semana después, el 18 de febrero, declaró el exdirector general de Deportes de Baleares, José Luis “Pepote” Ballester, que reconoció ante el juez que Urdangarin y Matas pactaron los contratos y desvinculó de estos tratos a la infanta Cristina.

El 24 y 25 de febrero hacía declaración Iñaki Urdangarín.

En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su “inocencia” y la “total transparencia” de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la Infanta Cristina.

Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido que abandonase el Instituto Nóos aunque en 2008 volvió a hacer negocios.

Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.

El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de 8.189.448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el ‘caso Nóos’ para que se pronunciasen y hiciesen las alegaciones que estimaren oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.

En enero la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en el llamado caso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos.

La Abogacía del Estado solicitaba ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro.

En febrero de 2013 se inició una nueva serie de interrogatorios por parte del juez instructor del caso Nóos José Castro a los principales imputados, Torres y Urdangarin.

El 16 de febrero se tomó declaración a Torres, ex socio del duque de Palma. Torres declaró que el duque de Palma fue apartado en marzo de 2006 por la Casa del Rey de los negocios que ambos mantenían con Administraciones públicas, pero solo en apariencia, no realmente.

“Don Iñaki seguía detrás de los proyectos y esto tampoco era ajeno [a la Casa del Rey] (…)

La recomendación era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera estar en la fundación”.

Durante el interrogatorio al imputado, el juez quiso hacer un resumen de lo que él creía que había ocurrido tras esa sugerencia real: “Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración”.

Torres le contestó: “En esencia, lo que el señor Romero le vino a decir era así”. En las 138 páginas de transcripción literal de las declaraciones de Diego Torres del sábado día 16 consta la versión sobre un supuesto pacto de silencio o el eventual chantaje entre ambos ex socios.

Diego Torres apuntaló esta tesis: “Tengo montones de comentarios del señor Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando se cuidaran las apariencias y que simulara estar fuera de Nóos”.

El antiguo socio del yerno del Rey aseguró también ante el juez que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto.

Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?”, Diego Torres respondió “No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado”.

Torres le contó al juez que para el marido de la Infanta Cristina era “muy duro y muy difícil de aceptar” dejar la presidencia del Instituto Nóos.
Según la transcripción entregada hoy a los abogados, Urdangarin, pese a las instrucciones procedentes de la Casa Real, continuó detrás de los proyectos puesto que “seguía teniendo mucho interés en estas actividades”.

¿Por qué se hizo entonces “ese simulacro de apartamiento”?, insistió Castro. “Por presión mediática y por decir ‘ya lo estoy dejando”.

El 23 de febrero se filtra a la prensa que la judicatura acepta en el sumario los correos electrónicos aportados por uno de los imputados, Diego Torres.
Con ello se trastoca una de las estrategias de la defensa de Urdangarin, cuyo abogado Mario Pascual reclama la nulidad y expulsión del sumario de los correos.

En febrero, el Síndic major de Comptes de la Generalidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declara en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: “No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación”.

El 27 de febrero se filtra a la prensa que La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma.

Asimismo, el ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit.

El 5 de marzo se filtra a la prensa la transcripción completa del interrogatorio de Urdangarin el pasado 23 de febrero.

En el documento, de 84 páginas de extensión, Urdangarin mantiene su postura exculpatoria con respecto a su mujer y alega desconocer muchos de los detalles del funcionamiento de la asociaciones que presidió y dirigió.
En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.

El 7 de mayo de 2013, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decide suspender la imputación de la Infanta Cristina. La decisión fue votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, mientras que el magistrado Juan Jiménez se mostró a favor de mantener la imputación.

Al día siguiente, el 8 de mayo, la Fiscalía del Estado, a través de su presidente Eduardo Torres-Dulce se congratulaba por la decisión por haber sido favorable a la postura defendida por el Ministerio Público.

El 14 de mayo, el juez instructor José Castro encomendó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina.

El juez inicia así “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes.
El 4 de noviembre José Castro embarga la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes y otras tres viviendas menores en Palma y Tarrasa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizóon son titulares.

El total de bienes embargados es de 16 propiedades incluídos garajes, trasteros y aparcamientos.

El embargo judicial se extiende sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que comparte con su mujer Ana María Tejeiro, imputada, en San Cugat del Vallés y Mataró, Palma y Mahón.

El juez Castro actuó porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros.

Los dos principales imputados, Torres y Urdangarin, se sirven cada uno de su propio abogado, ambos con despacho en Barcelona: Torres de Manuel González Peeters; Urdangarin de Mario Pascual Vives, amigo personal suyo y miembro de Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados.

Urdangarin y Pascual Vives basaron la defensa en atribuir toda la responsabilidad a su ex socio Diego Torres y exculpar a la infanta y otros miembros de la família real.

Esta arranca el 25 de febrero de 2012 con la declaración de Urdangarin inculpando a Torres.

Ello propiciará que la mujer de Torres sea imputada y no así la infanta.
Con esta estrategia el pacto entre caballeros que tenían los dos antiguos socios se rompe.

La estrategia del equipo de Urdangarin precipita a partir de 2012 una postura más agresiva por parte del equipo de Torres, dirigido por González Peeters. Torres y González Peeters han pasado pues al contrataque, intentando desvirtuar la posición de Urdangarin-Pascual y mostrar el rol central de Urdangarin en el entramado Nóos así como el hecho de que éste se sirvió de la ayuda y el beneplácito de la Casa Real.

A partir de esta fecha han ido filtrando una serie de correos electrónicos que podrían implicar en el Caso Nóos a personas directamente relacionadas con la Casa Real y el mundo de la política, tales como la infanta Cristina, el secretario de las infantas Carlos García Revenga (que acabará siendo imputado) o la “amiga entrañable” del Rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Asimismo, la defensa de Torres defenderá que la esposa de Torres «ni por asomo» formaba parte de Nóos, por lo que reclama que se le aplique la «batería de elementos» desgranados por el juez para no imputar a la infanta, ahorrándole la innecesaria «estigmatización del banquillo».
La investigación del Caso Nóos corre a cargo tanto del juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, como de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial.

La acusación la lleva el fiscal Pedro Horrach Arrom.

Desde el 10 de febrero de 2012 el colectivo de extrema derecha Manos Limpias actúa como acusación particular.

Desde enero de 2013 la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros.
En marzo de 2006, la Casa Real transmite a Iñaki Urdangarin que debería realizar “una salida formal de Nóos para apaciguar un poquito la sensación de crítica” en torno a los negocios del duque.

Desde diciembre de 2011 Urdangarin es apartado de toda actividad oficial de la Casa Real por su conducta “no ejemplar”.

En la segunda quincena de diciembre de 2011, a apenas dos semanas que la noticia del Caso Nóos diera la vuelta al mundo, la Casa Real hace públicas sus cuentas en su web oficial.

En la Navidad de 2011, a diferencia de otros años, la infanta Cristina decide no viajar a España, por lo que no celebrará las fiestas con los reyes.
En cambio, será la Reina Sofía de Grecia quien visitará a su hija y su yerno Urdangarin a Washington D. C..

La reina se dejará fotografiar junto a los duques de Mallorca, algo que será criticado por la prensa.

El 24 de diciembre de 2011, el Rey Don Juan Carlos, durante su tradicional discurso navideño, defiende el “comportamiento ejemplar” que deben tener todos los responsables públicos y ha recordado que “la justicia es igual para todos”, por lo que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”.

Aunque el Artículo 56 (punto 3) de la Constitución dice: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.

El 25 de noviembre de 2012, Urdangarin acude con su esposa y junto a la Reina y la infanta Elena a visitar al Rey Juan Carlos I al hospital Quirón San José de Madrid, cuando se recuperaba de su intervención quirúrgica en la cadera, y coincidió también en el centro médico con los Príncipes de Asturias, lo que abrirá un debate en algunos medios sobre si este detalle reflejaba algún cambio en la decisión de la Casa del Rey de apartarle de la institución.

En enero de 2013 la Casa Real borra de la web de la Casa Real la página propia que le correspondía a Urdangarin como miembro de la Familia Real y tan sólo deja su nombre y su imagen, como esposo de Doña Cristina y Duque de Palma, en la página personal de la Infanta.

En noviembre de 2010 el grupo Comepene interpela al Gobierno valenciano presidido entonces por Francisco Camps por las subvenciones concedidas al Instituto Nóos.

El 14 de mayo de 2012, la Mesa del Congreso de los Diputados, cuya función es regir y ordenar el trabajo de todo el Congreso, decide rechazar las preguntas planteadas al Gobierno por el diputado de IU-Valencia, Ricardo Sixto, para que aclarara la supuesta relación del rey con Instituto Nóos.
En enero de 2013, el diputado Ricardo Sixto anuncia que registrará una iniciativa parlamentaria en la que se interesa por la participación de la amiga del jefe del Estado, Corinna Sayn-Wittgenstein, y de Jaime de Marichalar en el Valencia Summit de 2004.

El 30 de enero de 2013, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca del Partido Popular acuerda que la céntrica vía de la ciudad deje de denominarse Rambla de los Duques de Palma, nombre que llevaba desde 1998.

Asimismo, el Consistorio decidió pedir a Urdangarin que evitara el uso de su título, del que el titular se había mofado en unos E-mails hechos público y firmados como “El duque em…Palma…do”.

El portavoz del Consistorio, Julio Martínez, declaró que la decisión se tomó con unanimidad de todas las fuerzas políticas y debido a la “demanda generalizada” de la ciudadanía.

En febrero de 2013 Diego Torres hace públicos una serie de e-mails donde trascendía que Urdangarin gestó los dos mayores negocios del Instituto Nóos en el Palacio de Marivent de Marivent, con el presidente balear Jaume Matas del Partido Popular, que finalmente abonó a Nóos 2,3 millones por dos congresos de turismo y deporte; y en el Palacio de la Zarzuela, donde negoció con Rita Barberá y Francisco Camps, ambos del Partido Popular.
El 18 de febrero de 2013, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Congreso, Rosa Díez, considera “urgente” que la Fiscalía “actúe” para esclarecer las informaciones sobre la supuesta implicación del Rey en el ‘Caso Nóos’.

El fiscal podría acusar a Urdangarin de delitos penados con 23 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción acusará al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres de delitos castigados en total con hasta 23 y 19 años de prisión, respectivamente, y pedirá que se les imponga una multa conjunta de 3,5 millones de euros, según publica este domingo el diario El Mundo.

La novedad, de acuerdo con este periódico, sería que Anticorrupción plantea inculpar de un delito más a Urdangarin (prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales) que a Torres (prevaricación, malversación, falsedad, fraude y uno fiscal.)

El Mundo explica que se librarían del delito de blanqueo de capitales porque la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precesión el blanqueo.

Por tanto, en el peor de los casos para Urdangarin, y tomando como referencia la parte más alta de las penas, el duque de Palma podría ser condenado con hasta 23 años de prisión.

El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo de Urdangarin y Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta.
El mensaje de Navidad del rey de este año fue el menos visto desde que se tienen registros (1998), con una audiencia media de 6.580.000 espectadores, un 60,4% de cuota de pantalla, según un estudio de Barlovento Comunicación.

El discurso del rey ha perdido 341.000 espectadores respecto a 2012, un 4,9% menos, y cayó un 4% de cuota de pantalla.

Es la mayor caída desde 2010.

Según Javier López, analista de Barlovento Comunicación, en declaraciones a Europa Press, este “puede ser el discurso menos visto de la historia”, aunque no se tienen registros de ellos.

Desde Barlovento Comunicación explican que con el llamado ‘apagón analógico’ de 2010, al multiplicarse el número de cadenas con la TDT, la audiencia del mensaje real ha sido menor. Pero ese descenso, que ha ido a más hasta el de 2013, ya había comenzado un par de años antes.
El año en el que consiguió mayor audiencia fue 2001, con 9,1 millones de espectadores (un 87,2% de cuota de pantalla).

Desde entonces, la caída ha sido paulatina pero más acusada desde 2008, cuando bajó del 80% de cuota de pantalla hasta los 8,5 millones de espectadores.

La mayor caída se produjo entre 2008 y 2009, cuando perdió más de medio millón de espectadores, bajando de los 8 millones hasta el 72% de cuota de pantalla.

De los que vieron el mensaje, la mayoría prefirió seguirlo por La1 de TVE, que congregó a 1,8 millones de espectadores (16,6% de cuota de pantalla). Antena 3, con 1,6 millones y Telecinco, con 1,4, fueron por detrás.

Hay que recordar que, en comparación con 2012, este año el mensaje real no fue emitido por TV3, ETB, ni la desaparecida Canal 9, que suman un total de 459.000 espectadores de media.

Esto es lo que salió a la palestra pública y algunas medidas, sin haber sentencia alguna son ridículas, como ser el cambio de nombre a una rambla, que traten de amiga del rey a la amante, y se ha hablado que algunos dinerillos fueron lavados en nuestro país.

La opinión del pueblo va siendo laudada por la baja de la audiencia a su discurso, bajó de un momento de gloria a estar vinculado o emparentado con un delincuente a la espera de la condena.

Iñaki pensó que lo abarcaban los fueros reales y se equivocó, y el Rey que tiene sus fueros la opinión pública lo está juzgando.

Creo que no abdica por tratar de salir por la puerta grande, cosa que tendría que haber hecho antes que saltara todos estos enjuagues, ahora se tendría que ir por viejo en ruinas físicas y morales, plato que se le servirá al príncipe de Asturias, frío y mal servido, lo que necesitará de algún éxito, como si logra en su futuro reinado volver a la España próspera y no a la fundida actual.

Por ahora es todo, en cualquier momento puede haber nuevas noticias cuando estas paguen la pena.