EPU examen periódico universal

Un Informe Nacional de 20 páginas preparado por el Estado examinado sobre la situación de derechos humanos en el país.
Una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y UNICEF. – Recordemos que hace algunos meses nos visitó el Sr. Pablo Greiff en su calidad de relator de DD.HH. de la ONU-.
Un resumen de diez páginas preparado por la OACDH que contiene información de la sociedad civil.

El examen de tres horas y media tiene como resultado un informe preparado por la troika (la troika está formada por tres delegados de diferentes Estados que ayudan al Grupo de Trabajo y que son elegidos mediante sorteo y es diferente para cada país) con la participación del Estado examinado y la ayuda del Secretariado.
El informe contiene un resumen del diálogo interactivo, las respuestas del Estado examinado y la lista completa de las recomendaciones hechas por Estados.
El informe es adoptado por primera vez durante la sesión del Grupo de Trabajo unos pocos días después del examen.
Unos meses más tarde en una sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, se adopta el informe final.

En este momento está en curso el 2º ciclo del EPU, los países examinados lo hacen por segunda vez. En esta segunda revisión los países tienen que presentar los avances hechos desde la anterior revisión y sobre todo lo que se ha hecho en relación con las recomendaciones que le fueron hechas en el examen anterior.

El informe presentado por Uruguay y que fue leído por el secretario de presidencia Homero Guerrero, se centró en varios temas y en cada tema se ha especificado lo que se ha hecho en relación a las recomendaciones hechas en la revisión anterior. Los temas tratados son:
-Derechos del niño, explotación sexual de niños/as y adolescentes y sistema penal juvenil.
En este apartado se ha resaltado la inversión que se ha realizado en el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) tanto en materia económica como en personal especializado. Los planes de lucha contra el abuso sexual a menores, contra el trabajo infantil. Los programas de acompañamiento y las ayudas económicas a las familias con menos recursos para facilitar la integración de los menores y su correcta escolarización.

-Discriminación.
Aquí se destaca las actuaciones realizadas para eliminar la discriminación racial, sexual, xenófoba. Se hace constar la aprobación de la ley del Matrimonio Igualitario y los espacios de diálogos abiertos para escuchar a las minorías y las ayudas económicas otorgadas a personas pertenecientes a colectivos minoritarios.

-Derechos de la mujer y violencia doméstica.
En este punto se hace constar que se inspeccionan las empresas para garantizar el trato igualitario entre varones y mujeres en el ámbito laboral. La atención a todas las denuncias hechas sobre acoso sexual a partir de la entrada en vigor de la ley 18.561. La aprobación de la ley sobre trabajo doméstico que equipara los derechos de estas trabajadoras con el resto de los trabajadores. La ley de interrupción voluntaria del embarazo que permite a las mujeres decidir libremente sobre su maternidad. En materia de violencia doméstica se destaca la formación de policías especializados en la atención a las víctimas. La ley 18.850, que instaura la reparación a víctimas de violencia y establece una pensión no contributiva y una asignación familiar especial para hijas e hijos de personas fallecidas en hechos de violencia doméstica.

-Sistema penitenciario y reforma penal.
Se subraya “la instauración del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que se encuentra ubicado en el seno de la INDH”.
Se pone de manifiesto además, que a pesar del aumento de la población carcelaria, este año con las nuevas plazas penitenciarias que se van a inaugurar quedará resuelto el problema del hacinamiento de las cárceles.

-Combate a la pobreza e inclusión social.
Se destaca la reducción del porcentaje de pobres e indigentes en nuestro país desde la anterior revisión. Se pone de manifiesto las medidas tomadas para la inclusión de las personas con discapacidad.

-Educación.
En esta materia el informe indica el aumento del presupuesto dedicado a educación que subió del 3,2% al 4,6% del PBI, entre 2004 y 2012 pero como este aumento se vio acompañado de un aumento del PBI, el aumento ha sido del 40,6%. Se ennumera todos los planes desarrollados para la mejora de los resultados escolares, para frenar la deserción escolar, para la inclusión de los niños con discapacidad, para mejorar la alimentación de los alumnos, el plan Ceibal que adjudica una computadora a cada alumno, planes de concesión de becas, transporte gratuito o a precio reducido para todos los estudiantes desde primaria hasta universitarios.

-Trata de personas.
Se destacan los avances que se han logrado en la lucha contra la trata de blancas y el abuso sexual contra menores. La mejora en los servicios de atención psicosocial a las víctimas.

-Impunidad.
El informe comienza este apartado citando la ley que restituye la pretensión punitiva del Estado, aclarando después que dos artículos de dicha ley fueron declarados inconstitucionales por el SCJ, pero destaca que jueces y fiscales continúan con los procesos en marcha. Informa también sobre el traslado de la jueza Mota, del que dice: “El Poder Ejecutivo no conoce las razones de servicio que motivaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia para el traslado de la jueza Mota, ni si las mismas se ajustaron a los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 246 de la Constitución uruguaya.”
Señala la constitución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y su labor.
Destaca el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el período del terrorismo de Estado y la colaboración con el Plan Cóndor, “en cumplimiento del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman,”
-Recomendaciones generales de derechos humanos.
En este apartado se destaca la voluntad del gobierno por facilitar el derecho al voto a los uruguayos residentes en el exterior en el país de residencia.

Finalmente el informe incluye el apartado: Promesas y compromisos voluntarios.
Son 44 los compromisos que adquiere el gobierno voluntariamente hasta el 3er. ciclo del EPU.

Las intervenciones de la mayoría de los Estados durante la sesión del Grupo de Trabajo han sido muy positivas para los avances que se han realizado en materia de Derechos Humanos en nuestro país. Tanto el secretario de la presidencia, Homero Guerrero como el presidente de la Institución de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira quedaron muy contentos con la respuesta obtenida. Según la edición digital de Caras y Caretas en Twitter el presidente de la INDH publicó: “Felicitaciones Daniela a ti y resto delegación. Con todos los problemas a resolver, un compromiso, un orgullo oír hablar así de UY”, escribió Ferreira en alusión a la diputada Payssé.

Queda mucho por hacer en materia de Derechos Humanos, pero es muy importante que todo lo que se haga se apoye en bases firmes para que sean logros efectivos, para que los derechos de todos los ciudadanos se respeten desde el nacimiento y que todos los niños tengan el derecho a buena alimentación, a vivienda digna, a educación. Que se respete el derecho al trabajo con salarios dignos para todos.
Es importante también que se encuentren a todos los desaparecidos durante el período de terrorismo de Estado y que todos los responsables de su desaparición sean juzgados para que finalmente podamos decir que en Uruguay existe realmente la Justicia.

La representación oficial uruguaya que acompañó al secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero estaba compuesta por el director de Asuntos Políticos del MRREE, Ricardo González; el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRREE, Federico Perazza; y el Director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola. A su vez asisten los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo: Mirtha Guianze y Juan Raúl Ferreira; así como el Comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, la diputada Daniela Payssé y la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Graciela Jorge.

El Informe presentado por Uruguay se puede leer integro en el siguiente enlace: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/25217/1/epu_ii_uruguay_-_informe_nacional.pdf